La acción de división de cosa común y la legitimación del copropietario según el Tribunal Supremo 

La acción de división de cosa común, tradicionalmente conocida como actio communi dividundo, constituye una de las manifestaciones más claras del principio de libertad patrimonial en nuestro Derecho civil. Su fundamento se encuentra en el artículo 400 del Código Civil, que proclama que ningún copropietario está obligado a permanecer en la comunidad y que cualquiera de ellos puede pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común.

Este precepto no es una simple norma técnica de liquidación patrimonial sino la expresión de un principio estructural del sistema. La copropiedad es jurídicamente posible pero no se concibe como una situación forzosa ni perpetua. La comunidad ordinaria se configura como una situación transitoria que puede cesar por voluntad unilateral de cualquiera de los comuneros. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha reiterado que la acción de división es una facultad inherente a la condición de copropietario y que responde al principio nemo invitus compellitur ad communionem, nadie puede ser obligado contra su voluntad a permanecer en comunidad.

Desde esta perspectiva la legitimación para ejercitar la acción no se examina con criterios restrictivos sino desde la titularidad pro indiviso. El presupuesto esencial que exige el artículo 400 del Código Civil es que quien la ejercita sea copropietario. No se exige mayoría de cuotas ni unanimidad ni acuerdo previo. Tampoco se requiere que exista conflicto grave entre los comuneros. Basta la voluntad de poner fin a la situación de indivisión.

La jurisprudencia ha perfilado con claridad este requisito de legitimación activa. El Tribunal Supremo viene afirmando que la acción corresponde a cualquier comunero que acredite su cuota indivisa, aunque sea mínima. La condición de copropietario es suficiente para activar el mecanismo legal de división. No puede condicionarse el ejercicio de este derecho a la regularización previa de situaciones internas de otros titulares ni a la culminación de operaciones particionales ajenas a quien demanda.

Esta línea doctrinal ha sido reafirmada de forma expresa por la Sentencia del Tribunal Supremo 67 2026 de 26 de enero. En el caso analizado una mitad del inmueble pertenecía a varios copropietarios por título de donación mientras que la otra mitad formaba parte de una herencia yacente pendiente de partición. La Audiencia Provincial había negado legitimación a los demandantes al entender que la situación sucesoria impedía el ejercicio de la acción.

El Tribunal Supremo corrige este criterio y declara que la legitimación activa se satisface cuando el actor acredita su condición de copropietario pro indiviso por título válido. La circunstancia de que la otra parte del inmueble esté integrada en una herencia pendiente no elimina ni suspende el derecho que el artículo 400 reconoce. El Alto Tribunal razona que la muerte del titular de una cuota y la consiguiente situación sucesoria no pueden bloquear indefinidamente la facultad del comunero de salir de la comunidad. La comunidad hereditaria no neutraliza la comunidad ordinaria preexistente cuando existen cuotas determinadas en cabeza de otros titulares.

La sentencia insiste en que la acción de división no es una acción de partición hereditaria ni depende de la conclusión de esta. Si el demandante no acciona como heredero sino como copropietario por título propio, su legitimación deriva exclusivamente de su cuota. La existencia de una herencia yacente afecta a la titularidad de la otra mitad pero no a la suya. En coherencia con ello el Tribunal recuerda que la herencia yacente tiene capacidad procesal para ser demandada, lo que evita cualquier vacío de tutela judicial.

De esta jurisprudencia se desprenden varios principios estructurales. En primer lugar la legitimación activa en la acción de división es objetiva y se ancla en la titularidad dominical pro indiviso. En segundo lugar el derecho a pedir la división no puede quedar subordinado a la voluntad o inactividad de los demás comuneros ni a la pendencia de procesos sucesorios. En tercer lugar la comunidad no puede convertirse en una situación permanente por la falta de partición de una herencia o por la existencia de conflictos internos entre otros cotitulares.

La consecuencia práctica es clara. El comunero que acredita su cuota puede instar la división aunque el resto de la titularidad esté pendiente de determinación definitiva en sede sucesoria. La protección que el ordenamiento dispensa al derecho de propiedad impide que la incertidumbre o la demora en la partición hereditaria priven al copropietario de la facultad que le reconoce el artículo 400 del Código Civil.

En definitiva la acción de división de cosa común se construye sobre un principio de libertad y no de bloqueo. El Tribunal Supremo mantiene una interpretación coherente con su raíz histórica romana y con la función económica de la propiedad. La comunidad es una situación compartida pero no impuesta. Cuando un comunero decide que no desea continuar en ella el ordenamiento le ofrece un instrumento claro para ponerle fin siempre que acredite su condición de copropietario pro indiviso.

Firma del autor

Este artículo ha sido elaborado por Juan Antonio Colomé Muñoz, abogado colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid , especializado en Derecho civil y Marítimo , Derecho de Daños y Responsabilidad Patrimonial de la Administración .